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Boletín de noticias 21 de febrero de 2012
EL TIEMPO
NO HABRÁ INDULTOS NI AMNISTÍAS EN PROYECTO DE JUSTICIA PENAL MILITAR
Esto, atendiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El Gobierno ya definió los primeros cinco delitos que aunque hayan sido cometidos por miembros de la Fuerza Pública en operaciones serán investigados por la justicia ordinaria.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que, según el texto de la reforma que será radicada en marzo en el Congreso, delitos como desaparición forzada, genocidio, tortura, ejecución extrajudicial, violación y abuso sexual no serán conocidos por la Justicia Penal Militar en ningún caso.
A esas conductas se suman otras como narcotráfico y desplazamiento forzado.
"Las infracciones al derecho internacional humanitario, que son propias de las operaciones militares y policiales, sí quedarían en el ámbito de la justicia militar", indicó.
Está por definir a qué conductas se refiere el proyecto en esa materia, que tradicionalmente ha sido problemática para la Fuerza Pública.
Otra novedad que trae la iniciativa es la figura del Tribunal de Garantías en la justicia ordinaria, que pretende "dar transparencia a las investigaciones y tranquilidad a los miembros de la Fuerza Pública".
Pinzón añadió que en la reforma de la Justicia Penal Militar no se incluirán temas sobre amnistías o cierres de casos judiciales que están en curso contra militares o exmilitares.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, por su parte, señaló que una comisión especial ya examina otros delitos que serán incluidos en el proyecto y que no serán investigados en la justicia ordinaria.
"El proyecto tiene como mérito fundamental el equilibrio entre distintas posiciones. Se han tenido en cuenta críticas y posiciones de adentro y fuera del país, y creo que debe ser bien recibido", aseguró Esguerra.
Anunció que habrá división entre la justicia militar y la policial. "Las operaciones militares son distintas de las operaciones de Policía", dijo.
"Hay incertidumbre de si el presupuesto en la Reforma a la Justicia sirva": Minjusticia
De otro lado, durante el encuentro que convoca al Gobierno, altas cortes, el Congreso y representantes de la sociedad civil para discutir el proyecto de reforma a la justicia, el debate se centró en el presupuesto a la Rama Judicial.
El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró -recogiendo las inquietudes de los asistentes al encuentro convocado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría Olózoga- que es un asunto de "Estado" el que se concerte un plan no solo para la destinación de los recursos necesarios para la justicia sino para que se designe una "gerencia preparada, seria, que se encargue de ejecutarlos".
"Es claro que la Judicatura no ha cumplido a la hora de hacer planes, vender esos planes y manejar con juicio el presupuesto asignado", indicó. Y agregó que el "Gobierno tiene claro que hay que dotar a la Rama de recursos hasta donde sea posible".
Según el Presidente del Partido de La U, Juan Lozano, sería irresponsable que se designen esos recursos sin "garantizar la descongestión". Actualmente, la iniciativa contempla la designación del 5 por ciento del presupuesto general de la Nación para la Rama.
Sin embargo, la preocupación existe no sólo por el porcentaje contemplado sino por la manera cómo será ejecutado. Para el magistrado del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez el tema se está trabajando con metodologías equivocadas y es necesario que cualquier plan garantice un desarrollo de la justicia.
"Estamos enfocando erráticamente el tema de la justicia.
Hablamos de cifras y cifras y día a día salen nuevas leyes que no tienen en cuenta el valor fiscal", indicó el magistrado, quien también manifestó que sólo en la Sección Tercera del Consejo de Estado se está trabajando con casos con 10 años de atraso.
Esguerra, quien cerró la discusión, aseguró que es importante definir "qué se hará con estos recursos". "Miremos el pasado. Resulta que los recursos de años anteriores no se han ejecutado".
CONVIENE SEPARAR LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y LA POLICIVA: MINJUSTICIA
Juan Carlos Esguerra le pedirá al Congreso que retire de Reforma de la Justicia el fuero militar.
"El Proyecto tiene como su mérito fundamental el equilibrio entre distintas posiciones. Se han tenido en cuenta críticas y posiciones de adentro y fuera del país y creo que debe ser bien recibido", dijo el Ministro de Justicia.
También aseguró que será una Comisión la encargada de definir qué casos son competencia de la Justicia Penal Militar y cuáles de la justicia ordinaria.
Esguerra reiteró que debe haber una distinción entre la Justicia Penal Militar y la policiva.
"Se ha planteado la idea de hacer esa distinción y de establecer esas mismas dos especies dentro de la Justicia Penal Militar porque tienen especificidades que son propias de cada una", afirmó.
"Las operaciones militares son distintas de las operaciones de Polícia. El mundo en el que se desarrollan las actividades de Polícia son diferentes a las de Fuerzas Militares, a pesar de que en nuestro país no son pocos los casos en que trabajan de la mano, pero en general las competencias de los policías son distintas a las de los militares", indicó Esguerra.
PROCURADURÍA ACUSA A CAJANAL DE INCUMPLIR DECISIONES JUDICIALES
Jairo de Jesús Cortés Arias, al parecer, no cumplió sentencias sobre obligaciones pensionales.
El actual director de Cajanal, Jairo de Jesús Cortés Arias, deberá responder disciplinariamente por haber incumplido sentencias de tutela y fallos de la jurisdicción contenciosa administrativa relacionados con el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales.
Cortés Arias, al parecer, omitió, retardó o no suministró respuesta debida y oportuna a las peticiones sobre prestaciones económicas dejando vencer términos legales y el plazo otorgado por la Corte Constitucional, el 22 de julio de 2010, para contestar esos requerimientos.
A la investigación fueron vinculados también Rodrigo Vélez Jara y Jaime Villaveces Bahamón, en su condición de gerentes del Patrimonio Autónomo Buen Futuro.
El Ministerio Público cuestiona a los funcionarios por no gestionar eficazmente las actividades del Patrimonio Autónomo relacionadas con el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines, con lo que se pudo ocasionar que las decisiones y fallos judiciales no fueran atendidos oportunamente.
GOBIERNO YA TIENE LISTA LA 'HOJA DE RUTA' PARA LA REFORMA PENSIONAL
Son tres los temas fundamentales definidos y que que hay que tener en cuenta.
Solidaridad con los adultos que no tienen ni tendrán ingresos en su vejez; mesadas inferiores al salario mínimo para quienes tienen alguna capacidad de ahorro, pero que no pueden jubilarse con las reglas vigentes y ajustes al sistema de pensiones.
La construcción de estos tres pilares es la hoja de ruta ya definida por el Gobierno para la reforma pensional.
Se busca aumentar la protección a los adultos mayores en extrema pobreza, la muy baja cobertura, combatir la profunda inequidad y darle sostenibilidad financiera al actual sistema.
De los 2,4 millones de personas que ya no están en edad de trabajar, que no tienen ahorros ni pensión ni ingresos para sostenerse y que pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisbén, apenas 770.000 mayores de 65 años reciben un subsidio del Estado.
"Llegar a los otros 1,6 millones de adultos mayores en la indigencia es el reto", dijo el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, quien precisó que esa es una meta a cumplirse, no en un año sino en el mediano plazo.
Sostuvo que hay que buscar mecanismos para ampliar la cobertura en la protección a la vejez, al señalar como un ejemplo interesante lo alcanzado en la salud subsidiada.
Énfasis en el segundo
El segundo de esos tres grupos de colombianos es, en palabras del Ministro, el más grande y el más importante socialmente y en términos de desprotección y sobre el cual el Gobierno trabajará este primer semestre.
Se trata de no menos de nueve millones de trabajadores, que no son formales, que ganan menos del equivalente a un salario mínimo y que no tienen posibilidad de estar en el régimen de pensiones de prima media ni en el de ahorro individual.
"Para ellos vamos a estructurar los Beneficios Económicos Periódicos (BEP)", comentó Pardo.
Esas personas perciben menos de un salario mínimo y tienen alguna capacidad de ahorro, pero no pueden afiliarse ni al Seguro Social ni a un fondo privado (AFP); incluso, millones de ellos pudieron estar inscritos alguna vez en uno de esos regímenes y ya tienen una platica ahorrada.
Los afiliados a esos dos regímenes superaban 16 millones de afiliados a noviembre pasado, de los cuales nueve millones no estaban cotizando, pero sí lo hicieron alguna vez en su vida.
El Gobierno está diseñando un mecanismo para que se puedan trasladar esos ahorros al sistema de BEP, que permitan, con un subsidio estatal, ofrecerles una alternativa de protección (mesada inferior al mínimo) cuando ya no estén en la vida laboral.
El esquema de ahorro de ese grupo de trabajadores por cuenta propia, pequeños propietarios, servicio doméstico, entre otros, que es el grueso de la informalidad y el rebusque, tiene que ser flexible por la misma naturaleza de la actividad que desempeñan.
Por ejemplo, señaló Pardo, que puedan hacer sus pequeños ahorros un mes sí y otro no, que puedan pagar anticipadamente dos o tres meses o desatrasarse aprovechando que les fue bien en una temporada.
El tercer paso de la ruta es la revisión del sistema de pensiones para los trabajadores con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo y que están en el régimen de prima media -"que no se va a acabar", enfatizó el Ministro- o de ahorro individual. Esta tarea se va a desarrollar en el segundo semestre.
'RETIRO DEL FUERO EN REFORMA DE JUSTICIA NO FUE POR CRÍTICAS DE ONG'
Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia.
Minjusticia garantiza que delitos graves cometidos por uniformados no irán a justicia penal militar.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, asegura que el retiro del tema del fuero militar del proyecto de reforma de la justicia -que el Gobierno acaba de pedirle al Congreso- no responde a críticas de organismos como Human Rights Watch. Esguerra asegura que lo que se busca es una propuesta integral que proteja a militares y policías, pero que garantice que no habrá impunidad.
¿Qué busca el Gobierno al pedirle al Congreso que retire el artículo del fuero militar?
El Gobierno lo que ha querido desde el comienzo es que haya un análisis y una propuesta integrales de reforma de la justicia penal militar. Para eso creó una comisión amplia. Esa comisión ha trabajado con dedicación, con éxito y ha producido una propuesta de reforma constitucional de dos artículos de la Constitución y unas propuestas de reformas legales.
¿Qué trae esa propuesta?
En lo fundamental, contiene unas reglas que establecen qué le corresponde a la justicia penal militar y qué le corresponde a la justicia ordinaria. Un punto clave es que se eleva a rango constitucional lo que ha venido quedando consignado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en una ley, en el sentido de que hay ciertos delitos que no podrán ser, en ningún caso, considerados delitos de competencia de la justicia penal militar, sino que siempre serán delitos de la justicia ordinaria.
¿Retirar el artículo servirá para quitarle oposición a la reforma de la justicia?
Claro que el proyecto tiene muchos críticos, pero el propósito de esto que se ha hecho no es el de conseguir que se retiren los reparos a la reforma constitucional de la justicia, es un propósito de mucha mayor envergadura. Se busca conseguir una regulación que sea integral y equilibrada sobre el tema de la justicia penal militar, que resuelva una serie de inconvenientes que han venido presentándose en los últimos años y que han dado lugar a quejas tanto de parte de la Fuerza Pública como de ONG y organismos internacionales, que naturalmente se preocupan del riesgo que ven de posibles casos de impunidad. Lo que se busca no es menoscabar la justicia penal militar, sino que opere cuando deba hacerlo, y que haya justicia ordinaria en los casos que no sea admisible que actúe la justicia penal militar.
¿Qué delitos cometidos en servicio no irán a la justicia penal militar?
En la propuesta están definidos varios planteamientos sobre lo fundamental de ese tema. Entre los puntos claros está que ciertos delitos en ningún caso serán de conocimiento de la justicia penal militar, así estos sean cometidos en el marco de un acto de servicio.
¿Por qué el Gobierno propone retirar el fuero luego de que le había respondido a Human Rights Watch que no lo haría?
No se le había dicho que no se retiraría, sino que se estaba esperando el resultado del trabajo que desarrollaba la comisión que se integró hace varios meses. De manera que no es la respuesta a una crítica coyuntural. Nosotros siempre dijimos, cuando venían esas críticas, que la comisión estaba trabajando y que estábamos esperando su informe. Siempre dijimos que el eventual retiro o no del artículo dependería de lo que la comisión terminara diciendo.
Justicia militar no se va a debilitar
"Lo que se busca no es menoscabar la justicia penal militar, sino que la haya cuando deba haberla y que haya justicia ordinaria en los casos en que no sea admisible que actúe la justicia militar", indicó el ministro Juan Carlos Esguerra.
Cómo está hoy el fuero
Casos fuera de la órbita de justicia penal
Por varias decisiones de la Corte Constitucional, las investigaciones por posibles delitos de guerra y de lesa humanidad quedaron desde hace más de una década por fuera de la órbita de los jueces militares. En la Fuerza Pública se considera que por esa vía se ha creado una inseguridad jurídica que afecta su capacidad operativa y su moral. La justicia penal militar ha sido cuestionada por casos en los que absolvió a pesar de que había había pruebas contundentes de delitos graves.
EL ESPECTADOR
SE INICIA EL ESTUDIO DE LA DEMANDA CONTRA LA ELECCIÓN DE LA FISCAL GENERAL
Se espera que en los próximos días la Sala Plena del Consejo de Estado emita una decisión sobre el tema.
Este martes se inicia el estudio en la Sala Plena del Consejo de Estado de la demanda interpuesta en contra de la elección de la fiscal General, Viviane Morales Hoyos. Desde la mañana, los magistrados del alto tribunal estudiaran la ponencia presentada por el togado de la sección quinta. Alberto Yepes cuyo escrito, según fuentes del alto tribunal, avalaría la elección de Viviane Morales en diciembre de 2010.
La Corporación tendrá que analizar la llamada existencia de dos ternas y la votación que se dio en la Corte Suprema de Justicia.
Una de las tesis de la demanda es que Vivian Morales fue elegida fiscal por la Corte con 14 votos y no con 16 votos que son la mayoría calificada ya que en este caso se cambio la interpretación del reglamento y se aceptó que se votaría sobre la base de magistrados que estaban y no los que conforman la Corte Suprema de Justicia.
La Corte en su momento consideró que se trataba de “una situación especial” pues los magistrados que faltaban no fueron remplazados por lo que este caso se trataba de una excepción.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez rechazó los señalamientos sobre presuntas presiones que habrían recibido para estudiar la demanda.
CESANTÍAS DEFINITIVAMENTE NO SERVIRÁN PARA CRÉDITOS DE CONSUMO
Aunque la ley de libranza así lo establecía, la iniciativa fue objetada por Presidencia y la Cámara anunció que corregirá el error.
Créditos por libranza serán obligatorios en todas las empresas del país
La Cámara de Representantes anunció una serie de correcciones a la Ley de Libranzas que se aprobó a finales de 2011.
Luego de las objeciones del Gobierno Nacional, calificadas como “bien fundadas” por el presidente de la Cámara, Simón Gaviria Muñoz, el mismo legislador dijo que se corregirá los errores.
Una de las falencias que se cambiarán está encaminada al uso de las cesantías. La idea es que éstas no se puedan ser utilizadas en créditos de consumo.
“La ley de libranza debe aclarar que el uso de cesantías se mantenga como está: vivienda y educación”, sostuvo Gaviria.
Se espera que en marzo el proyecto sea corregido para que los colombianos puedan acceder a créditos más baratos.
El Congreso aprobó los créditos por libranza, donde por descuentos directos de nómina, los trabajadores del país tendrán tasas preferenciales en los intereses. Esto permitiría bajar hasta en un 1.5% el interés.
Beneficios:
1. Se vuelve obligatorio para todos los empleadores.
2. Es gratuito para todos los empleados.
3. El consumidor tiene derecho a decidir con que entidad quiere acceder al crédito.
4. La libranza persigue a la persona cuando cambia de empleo.
5. La libranza puede utilizarse para otros temas. Alquiler de vivienda y servicios públicos, por ejemplo.
CONSEJO DE ESTADO APOYÓ RETIRO DEL FUERO MILITAR EN PROYECTO DE REFORMA A LA JUSTICIA
El alto tribunal no descarta regresar al debate sobre la reforma legislativa.
Como un “buen síntoma” calificó el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez la decisión del Gobierno de retirar el artículo sobre el fuero militar en el proyecto de reforma a la justicia que se debate actualmente en el Congreso.
Para el magistrado Gómez, este hecho representó un análisis objetivo por parte del Gobierno sobre las consecuencias que iba a traer este hecho en el país.
“El fuero militar toca aspectos de la configuración del régimen democrático y en la manera como ese régimen cuida del uso de las Armas y las Fuerzas”, precisó el presidente del alto tribunal.
Aclaró además que pese a este acto, la Corporación tiene que seguir analizando las actitudes del Gobierno frente a otros temas, esto con el fin de replantear su regreso al debate a la reforma legislativa.
“Cuando lo retira me da la sensación de que muy pronto va a tener que reflexionar sobre la manera como se está reconfigurando el Estado de derecho y están tratando aspectos relacionados con la repartición de los pesos y contrapesos en Colombia”, precisó el magistrado, haciendo énfasis en que nunca se han separado de opinar sobre el desarrollo de la reforma.
CONSEJO DE ESTADO NEGÓ PRESIONES PARA ESTUDIAR DEMANDA POR ELECCIÓN DE FISCAL
En los próximos días el alto tribunal podrá emitir un fallo sobre el tema.
Como “meras especulaciones” calificó el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, los señalamientos sobre presuntas presiones recibidas por un sector del Gobierno para que analizaran y estudiaran la demanda por la presunta nulidad en la elección de la Fiscal General, Viviane Morales.
Para el magistrado Gómez, en ningún momento han recibido presiones para emitir alguna decisión en este tema, aclarando que desde este martes se inicia el estudio en la Sala Plena del Consejo de Estado.
"Se trata de meras especulaciones. Yo quisiera que la opinión pública tenga la certeza de que el Consejo de Estado administra justicia en forma tranquila y pacífica. Naturalmente que supuestos tan importantes para la vida nacional generan muchos enemigas y trae consigo que se digan cosas que no corresponden a la realidad", aseguró en una rueda de prensa.
Para el presidente de la Corporación, este es un tema muy complejo y cualquier decisión sobre este tema envuelve un manto de trascendencia nacional.
"Se trata de asuntos que tienen complejidad, trascendencia y que requieren prudencia, examen, ponderación y la Sala oportunamente decidirá", aclaró ante los cuestionamientos de los periodistas.
La Sala Plena del Consejo de Estado estudiará en estos días la ponencia del magistrado de la Sección Quinta de la Corporación Alberto Yepes Barreiro y no se descarta que en los próximos días se tome una decisión sobre este tema.
La demanda que analiza la Corporación señala que la elección de Hoyos es nula porque el presidente Juan Manuel Santos no podía cambiar la terna que se había conformado el entonces mandatario Álvaro Uribe Vélez.
Igualmente, señala que la Corte Suprema de Justicia no podía cambiar el reglamento interno y establecer que como no había cinco plazas, la mayoría para elegir se configuraba en 18 magistrados y Morales Hoyos fue escogida con 14 votos.
PROCURADURÍA ABRIÓ INVESTIGACIÓN CONTRA GERENTE DE CAJANAL
Jairo de Jesús Cortés no acató las decisiones judiciales sobre reconocimiento de pensiones.
La Procuraduría General abrió investigación formal contra el actual gerente de Cajanal, Jairo de Jesús Cortés Arias, por presuntamente no haber acatado las sentencias judiciales relacionadas con el trámite y reconocimiento de las obligaciones pensionales.
El Ministerio Público consideró que en su labor como liquidador de Cajanal, Cortés Arias habría omitido las peticiones presentadas sobre prestaciones económicas de un gran número de usuarios.
Igualmente se investiga si incumplió los fallos judiciales que corresponden a tutelas y providencias de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en la medida que no se acataron las condiciones señaladas por los jueces de la República.
Por estos mismos hechos serán investigados Rodrigo Vélez Jara y Jaime Villaveces Bahamón, en su condición de gerentes del Patrimonio Autónomo Buen Futuro.
Para el Ministerio Público, los funcionarios no gestionaron eficazmente las actividades del Patrimonio Autónomo relacionadas con el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines, con lo que se pudo ocasionar que las decisiones y fallos judiciales no fueran atendidos oportunamente.
SIN AFANES
El Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y acompañado por sus ministros de Justicia y de Defensa, anunció la semana pasada que acogerá la recomendación hecha por la Comisión de Expertos que se conformó para analizar la pertinencia del tema de la Justicia Penal Militar en un artículo de la polémica reforma a la Justicia que cursa en el Congreso. La recomendación técnica fue sin duda la más pertinente: retirar el artículo del proyecto.
Éste disponía algo que hemos criticado fuertemente: en los procesos en donde estén involucrados miembros de la Fuerza Pública se presumiría, siempre y en todo caso, que los hechos fueron cometidos durante el servicio. De esta forma (por la redacción ligera de la norma) todos los casos en que se encontraran involucrados miembros de la Fuerza Pública irían, por presunción, a la Justicia Penal Militar. Los militares juzgando a los militares en casos de violación de derechos humanos, por ejemplo, no constituye una garantía ni para las víctimas ni para la independencia judicial. De presentarse esta situación en casos como los mal llamados ‘falsos positivos’ habría también un problema grave frente los regímenes de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ante los cuales Colombia tiene compromisos serios.
Enhorabuena, pues, el retiro. No sólo porque eso aligera mucho más el trámite de la reforma a la Justicia (un milagro, dado que sus predecesoras siempre nacían muertas), sino porque se puede dar un debate mucho más amplio respecto de este tema: haberlo metido subrepticiamente, a última hora, fue un error garrafal del Gobierno. Esperamos, pues, que como dice el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, algunos delitos (como los de lesa humanidad) queden rotundamente excluidos de la relación con el servicio. Las cosas volverían nuevamente a hacerse al derecho.
La pregunta que resta hacerse es la siguiente: ¿qué delitos, entonces, quedarían dentro de la nueva reforma constitucional? ¿Cuál sería el cambio respecto del sistema bajo el que nos encontramos ahora? Suponemos que se aclarará qué delitos son los relacionados con el servicio (esos que atienden exclusivamente a la administración misma del cuerpo militar, como el de deserción) y quién los va a juzgar. Se ha propuesto integrar una comisión ‘mixta’ (integrada por miembros de la Justicia Ordinaria y la Penal Militar, para que defina, en el mismo lugar de los hechos, a quién le compete el asunto). La propuesta, un tanto sui géneris, despierta muchas preguntas: ¿quiénes serán esos miembros? ¿Quién los nombrará? ¿Bajo qué criterios objetivos y legales basará su decisión? ¿Cómo garantizar que no estará al vaivén de las coyunturas en sus determinaciones?
No sobra recordarle al Gobierno que la Justicia Penal Militar, como sostienen algunos expertos, se ha ido aboliendo en algunas democracias desarrolladas de manera casi radical: la reducen a los conflictos exteriores. Si bien algunos sectores militares de nuestro país han dicho que sienten miedo de que la justicia ordinaria no entienda su actuar en medio del conflicto, (y que esos países, en efecto, no presentan problemas de guerra interna) es necesario que se clarifique en gran medida este tema. Y para eso servirá el debate y la veeduría, completamente necesarios.
El hecho de que los ciudadanos y los medios nos preocupemos por este tema, no significa bajo ninguna circunstancia que estemos presentando una afrenta contra las Fuerzas Armadas. Es un simple llamado a que se atiendan con lupa los requisitos a los que Colombia se ha comprometido. Hilar muy fino. Ése es el nuevo paso que debe darse. Un tema como éste debe discutirse en muchos más espacios. Es plausible también, en ello, que se haya invitado a una Comisión de Expertos y desde el comienzo se le esté oyendo. No dudaremos en esperar el siguiente paso. La justicia lo reclama.
TRAGEDIAS ANUNCIADAS
Por: Aura Lucía Mera
No es secreto para nadie que “el carrusel de las cárceles” es, desde la primera cárcel que se construyó, el más infame de todos los que han existido en Colombia.
Tal vez se salve El Panóptico, hoy en día Museo Nacional. Recuerdo cuando se inauguró con bombos y platillos la famosa Cárcel de Villa Nueva, en Cali —hoy rebautizada como de Villa Hermosa—. Se sabía que las letrinas habían quedado defectuosas, que la humedad se colaba entre las paredes, que las celdas eran como para enjaular micos y no seres humanos. Todo eso se sabía, y su inauguración se dio con bombos y platillos.
Así pasa en prácticamente todos los centros de reclusión. Que alguien por favor me diga cuál cárcel funciona decentemente. Con las debidas condiciones de espacio, higiene y dignidad. Y no me estoy refiriendo al Inpec ni a su podredumbre ancestral. Me remito a las plantas físicas. En las cuales, los que tienen billete, los narcos, los ‘paras’, los guerrillos disfrutan de lo que les da la gana, mientras que aquellos, cuyos delitos muchas veces son hurtar una fruta, están condenados a sobrevivir como animales en chiqueros que ni los cerdos se aguantarían.
Las cárceles colombianas atentan contra los derechos humanos más elementales. Son una bofetada miserable a todos los que cometieron un delito. Su destino obligado, vivir como bestias salvajes. Meses. Años. Los contratistas se forran. Al fin y al cabo construyen para albergar delincuentes. ¿Qué les importa cómo vivan? Las cárceles en Colombia son una escuela de crimen y perversión. Nadie cuestiona. Ningún organismo de control revisa en qué estado viven realmente los presos. Muchas se asemejan a esas barracas que conocí en varios campos de concentración en Europa. La única diferencia es que no los eliminan con gases. Pero tampoco se preocupan mucho si un cortocircuito, un colchón encendido o una vela mal puesta se salen de madre y se incendia el penal convirtiéndose en un infierno, como acaba de suceder en Honduras. Cuatro camionados de tierra, fosas comunes, explicaciones televisivas, y a pasar la hoja. Que llegan los otros delincuentes. No ha pasado nada. Borrón y cuenta nueva.
Otra tragedia que venimos esperando es la de los aviones. Se sabe que las pistas se quedan cortas, que los aparatos están la mayoría obsoletos y que a los controladores los exprimen como teta de vaca vieja. Hace años ningún director de la Aeronáutica Civil ha dado la talla. Actualmente menos que nunca. Las víctimas —controladores— se convierten en victimarios y los victimarios —el sistema— se convierte en víctima. Mientras tanto las aerolíneas se ven a gatas para despachar y aterrizar sus aviones sin que suceda nada. Los pasajeros aúllan y no entienden que es por su seguridad que muchas aeronaves no pueden despegar. Estos abusos a los controladores vienen de años atrás. Ojalá se llegue a un acuerdo antes de que lloremos por una tragedia anunciada, que se hubiera podido perfectamente evitar. Si los ciudadanos del común tuviéramos un ápice de sentido común, apoyaríamos las peticiones de los controladores. Es cuestión de vida o muerte. No de cuántos pesos de menos o más.
Cárceles y aviones. Dos tragedias anunciadas desde hace años. En el aire o en la celda. Condenados a no poder escapar.
LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Por: Paloma Valencia Laserna
Determinar si la justicia está politizada podría ser un debate hondo y difícil, al menos debería serlo; pero hay varios hechos que muestran sin dificultad que el fenómeno está apareciendo en Colombia.
No se trata de un hecho local; en varios países la justicia ha empezado a exhibir un factor político que para unos estabiliza y para otros hace lo contrario. Creo que el debate debe –él mismo- despolitizarse. Evaluar si la situación actual -las decisiones politizadas- son buenas o malas; se resuelve con la postura política de quien lo mide; se trataría de subir a un nivel de abstracción más alto y considerar filosóficamente si conviene a una democracia que la justicia tenga decisiones cargadas políticamente.
La justicia debería intentar decisiones justas e imparciales. Sin embargo, cuando analizamos el proceso de todo juzgamiento vemos que, por un lado, el juez tiene un sentido de justicia enmarcado –y no definido- por las leyes y que en esa medida, sus decisiones son primero viscerales y luego se soportan en la normativa. Conviene, entonces, pensar si las nociones de justicia pueden ser independientes de las convicciones políticas. Soy de la opinión de que muchas veces no es posible diferenciarlas; la justicia viene amarrada a la educación; más aún la valoración de los hechos históricos y de sus consecuencias está anclada en las posturas ideológicas. En esa medida, casi ninguna decisión podría estar exenta de una valoración política. Sin embargo, hay un tema de gradualidad en el asunto que no podemos desconocer. Una cosa es que yo considere justo castigar un militar por una violación de derechos humanos y otra distinta que yo presuma que todos los militares violan los derechos humanos; Peor aún, que yo tenga una agenda política e intencionalmente utilice mis fallos judiciales para imponerla.
No es aceptable que la ley se aplique selectivamente y sólo se persiga a unos, escogidos por su postura política. No conviene que de la rama judicial se pase a la política o viceversa. No es deseable que los delincuentes utilicen a la jurisdicción para cobrar sus venganzas personales. No es justo que algunos militares inocentes paguen por el sólo hecho de estar en las FF.AA. Tampoco es aceptable que los Fiscales utilicen el principio de oportunidad para tejer entramados novelados y perseguir a algunos ciudadanos. No hay justicia cuando esto pasa. Estos síntomas son el resultado de una enfermedad que puede ser terminal para un Estado de Derecho y para una democracia.
Las dolencias avanzan y entonces, el problema de la politización de la justicia genera un caos mayúsculo que los culpables utilizan para camuflarse. Si ya no hay confianza en las decisiones judiciales incluso aquellos fallos donde un culpable ha sido condenado empiezan a quedar en entredicho. Los culpables se confunden con los inocentes y la posibilidad de administrar justicia disminuye hasta el punto en que la sociedad repele el sistema judicial. ¿Estamos cerca de que algo así pase? Sería lamentable y destruiría la institucionalidad que tanto nos ha costado construir.
No importa que los casos sean pocos o muchos, la politización y la condena de inocentes es algo que el sistema no puede tolerar, sin importar la ideología, pues por encima está el deber de construir un Estado y una democracia para Colombia. Hay que atender estos signos de alerta y unirnos como país para evaluar sin pasiones lo que está sucediendo. La rama jurisdiccional es uno de los pilares que justifica y legitima el Estado, su mal funcionamiento puede destruirlo todo. Hay mucho para pensar: el caso del Comisionado de Paz Restrepo acusado hasta de fabricar armas y las declaraciones de Saldaña diciendo que él lo engaño y que está presionado para mentir. El caso de los funcionarios del Ministerio de Agricultura en la cárcel o en procesos por hechos que son usuales en la administración pública. Lo que ha sucedido con Baltasar Garzón condenado en España y respaldado por el Gobierno colombiano. El que haya más militares en la cárcel que guerrilleros. Un fallo que condena al Ejercito sin que haya sido parte en el proceso. Magistrados dejan esa labor para iniciar carreras políticas; peor aún, que pasen de ser políticos beligerantes a jueces imparciales con un nombramiento; como que uno de los dos Magistrados ponentes del fallo que condena a Plazas Vega que fue militante activo –candidato a la Cámara de Representantes- por la izquierda y luego falla sobre un caso en el que debería estar inhabilitado.
EL NUEVO SIGLO
RUMBO A OTRO RÉGIMEN
En la Cámara de Representantes cursa el proyecto de Ley que busca modernizar los municipios, los concejos municipales y las juntas administradoras locales.
Este proyecto pretende entregarles herramientas a las alcaldías de manera que puedan diversificar su desarrollo en función de sus capacidades y fortalezas, para hacerlos más competitivos y promover su asociatividad en consonancia con el ordenamiento territorial.
-Crea nuevas tipologías de municipios según sus énfasis: ambientales, turísticos, de frontera, portuarios, aduaneros. Tipologías que serán objeto de una reglamentación posterior.
-Los concejos municipales deberán tener en cuenta la participación de las comunidades en la manera como será invertido el presupuesto según las necesidades y prioridades.
-Los municipios de frontera podrán celebrar convenios con entidades territoriales limítrofes del mismo nivel para adelantar programas de cooperación e integración.
-Los concejales tendrán capacitación y formación gratuita a cargo de la Escuela de Administración Pública, Esap, y el Sena.
-Los alcaldes podrán celebrar contratos dirigidos a atender situaciones de desastres o riesgos inminentes y seguridad, sin que necesiten para estos casos específicos autorización del Concejo Municipal.
-Se establecen criterios para la determinación de los hechos metropolitanos que afectan a las áreas urbanas y se fijan elementos procedimentales en lo relacionado a la Conversión de las Áreas Metropolitanas en Distritos.
- Se dinamizan las funciones, del personero municipal incluyendo a su cargo, tareas como la de velar por el goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado.
PIDEN AL INCODER DEVOLVER PREDIOS
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, presentó ante el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) una solicitud de revocatoria directa contra los actos administrativos que de manera irregular adjudicaron los predios “Sandrana” y “Samaria”, en los municipios de Buga y San Pedro (Valle del Cauca).
Los terrenos adjudicados comprenden un área de 1.694,17 hectáreas y fueron recibidos por el Incoder de parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes y adjudicados en forma irregular, toda vez que no se tuvo en cuenta la viabilidad técnica, económica, ambiental y social que garantizara a los beneficiarios la competitividad y sostenibilidad del proyecto productivo, acorde con la normatividad agraria.
La Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-1115 de 2008, había advertido las irregularidades, sin que el Incoder haya solucionado la problemática. Los predios se encuentran en manos de un tercero depositario, situación que incide sustancialmente en el proceso de estabilización socioeconómica de las familias adjudicatarias.
Los predios “Sandrana” y “Samaria” no cuentan con las características requeridas para el desarrollo de proyectos productivos para las familias beneficiarias, ya que 992 hectáreas corresponden a cultivos de caña de azúcar y 270 pertenecen a humedales que demandan altos costos de mantenimiento, lo que hace inviable su división material para la ejecución de proyectos individuales.
En la actualidad las familias no residen en el predio que se les adjudicó y están recibiendo un arriendo por la explotación que realiza el ingenio azucarero, situación que de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito y vigente con el ingenio, se puede prolongar hasta el presente año.
Para el Ministerio Público es fundamental que los diferentes programas adelantados por el Incoder se destinen a los verdaderos sujetos de la reforma agraria, esto es a los campesinos, desplazados, reinsertados, a la mujer rural y a los demás grupos vulnerables.
La Procuraduría General de la Nación presentó ante Incoder una solicitud de revocatoria directa contra los actos administrativos que de manera irregular adjudicaron los predios “Sandrana” y “Samaria”.
EL NUEVO SIGLO
SIGUE DEBATE SOBRE REFORMA PENSIONAL
La necesidad de plantear una reforma pensional al Estado colombiano en las próximas semanas ha generado controversia en diferentes niveles de la sociedad.
Aunque el procurador Alejandro Ordóñez y el vicepresidente Ángelino Garzón están de acuerdo en hacer una reforma pensional, cada uno tiene una visión muy diferente de lo que se debe hacer.
Para el Procurador, una de las estrategias más viables para que los colombianos puedan acceder a la pensión es que “quienes tienen la responsabilidad de reconocer las pensiones decidan por fin acatar la Constitución y la Ley”, y también aseguró que en el erario público hay detrimentos patrimoniales como resultado de entidades que no resolvieron ni reconocieron oportunamente las solicitudes de quienes tenían derecho a la pensión.
“Los derechos pensionales hay que reconocerlos a sus legítimos portadores; no hacerlo en vía gubernativa tiene costos altísimos y degradantes: tiempo, vida digna, para un exempleado que pasa años luchando no solo un fallo, sino el cumplimiento del mismo”, aseguró Ordóñez.
Para el vicepresidente Garzón las cosas son diferentes; él considera que una reforma pensional debe estar encaminada a la ampliación de la cobertura de los cotizantes, pues “mientras existen hoy en Colombia más de 19 millones de trabajadores, solamente cinco millones cotizan”.
El Vicepresidente también propuso hacer un “gran Fondo de Reserva Pensional” derivado de los ingresos que tiene mensualmente el Seguro Social. “Hoy el Estado, en el caso de los afiliados y pensionados al Seguro Social, recibe mensualmente 360.000 millones de pesos de los cotizantes y solo gira 320.000 para el pago de pensiones, lo que significa que mensualmente está quedando un superávit promedio de 40.000 millones de pesos. El problema es que los están manejando como ingresos y egresos y no como recursos destinados exclusivamente al tema pensional”, dijo Garzón.
REVISTA SEMANA
EL NEGOCIO DE LA SALUD
Por Rafael Ballén
La salud en Colombia tiene en su corazón y en su cerebro varios tumores cancerosos, cuya patología se halla en la lucha de intereses que genera todo negocio mercantil.
La salud en Colombia tiene en su corazón y en su cerebro varios tumores cancerosos, cuya patología se halla en la lucha de intereses que genera todo negocio mercantil. La Constitución Política prescribe (art. 49) toda una serie de declaraciones, que de cumplirse harían de nuestra salud el servicio más eficiente y solidario del planeta. En primer lugar, la atención a la salud es un servicio público a cargo del Estado; en segundo lugar, se le garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud; y, en tercer lugar, al Estado corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud a todos los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Pero la Constitución también agrega en este apartado dos cosas más: por una parte, el deber de establecer las políticas para la prestación de los servicios de salud por entidades privadas; y por la otra, la obligación de ejercer vigilancia y control.
Con la expedición de la ley 100 de 1993 se desfiguraron por completo los principios constitucionales, pues hizo del servicio público de salud el más prosaico y mundano de los negocios, entregándose como cualquier mercancía a los particulares. De ahí se derivan todos sus vicios y dolencias, que son innumerables. Con la creación de las EPS se estableció la intermediación financiera entre el Estado que provee los recursos y el paciente. Existe un Plan Obligatorio de Salud –POS–, en el que se incluyen los medicamentos que deben estar al alcance de los pacientes, pero este ha desatado una guerra entre los laboratorios, en la que el campo de batalla somos los usuarios o clientes del negocio. Supuestamente las partes legitimadas en la discusión del POS son: los laboratorios, los pacientes y el Estado. Pero yendo a la realidad, todo queda en manos de los monopolios, porque las asociaciones de usuarios no tienen ninguna independencia, pues son las propias multinacionales de las drogas las que sostienen a esas asociaciones, mediante donaciones. Y, los organismos del Estado que deben hacer la lista del POS están infiltrados por los laboratorios. Por eso, hay mensajes como este: “Estimado Philippe, lo convenido”. Lo convenido es aquello que se negoció con quien redacta el decreto, o le habla al oído a quien lo redacta.
Y, de la infinita lista de llagas que carcomen la salud, el especio sólo permite mencionar dos más. Afiliar al sistema a una empleada del servicio doméstico o a un trabajador independiente se ha convertido un calvario: debe recurrirse a tres o más organismos, ubicados, en el caso de Bogotá, en distintos lugares de la ciudad, porque el negocio es tan rentable que alcanza para que haya una distribución amigable entre sus dueños: salud, riesgos profesionales, pensión y cesantías. Cuando existía el Seguro Social, todo se hacía en este organismo, sin tanta traba y dificultad. La otra dolencia es la ética médica. El sistema quebrantó el juramento de Hipócrates, porque el profesional de la medicina ya no está al servicio de sus pacientes sino de las EPS y –otra vez– de los laboratorios. Esto trae consecuencias nefastas para el paciente: el médico carece del tiempo suficiente para atenderlo, y como no recibe un salario digno, tiene que completar sus ingresos enviando al paciente a que compre medicamentos distribuidos exclusivamente por determinado laboratorio. En suma, el Estado ha privatizado la salud, y ha sido ineficaz en la ejecución de sus deberes constitucionales de vigilancia y control. No de otra manera se explica el robo del dinero de la salud por los intermediarios financieros, los administradores del negocio, y, los grupos paramilitares, en los departamentos y municipios.
“LOS JUECES ESTÁN EN UNA TRAMPA MORAL”
“En las cortes hay un pánico moral, una incapacidad para reaccionar razonablemente frente a la impunidad”
El abuso de la figura de lesa humanidad, la sacralización de las víctimas y satanización de los victimarios, y el sesgo antiestatal de los derechos humanos son algunos de los problemas que tienen a la Justicia dando bandazos, según Iván Orozco.
Iván Orozco es uno de los intelectuales más interesantes del país. Como profesor de la Universidad de los Andes y como miembro del grupo de memoria histórica ha puesto el dedo en la llaga sobre las encrucijadas de la Justicia, de los derechos humanos y de la guerra misma. Es políticamente incorrecto, pero sus reflexiones son tan controvertidas como pertinentes. SEMANA lo entrevistó a raíz del fallo reciente del Tribunal Superior que ratificó la condena al coronel Alfonso Plazas Vega, para saber qué tanta verdad se está reconstruyendo con estos fallos.
SEMANA: ¿Tiene pies o cabeza que el expresidente Belisario Betancur sea llamado por la Corte Penal Internacional como lo sugirió en su reciente fallo el Tribunal Superior de Bogotá?
Iván Orozco: Eso tiene que ver con el perrateo del concepto de lesa humanidad y es un error de la judicatura. Están calificando los crímenes como de lesa humanidad por su gravedad y eso no tiene nada que ver con el Estatuto de Roma. La CPI califica los crímenes de lesa humanidad por su carácter sistemático y masivo. Nuestras cortes están haciendo un ejercicio de memoria infinita hacia adelante y hacia atrás que, en casos como este, lo único que se hizo fue echarle leña al fuego y favorecer la polarización.
SEMANA: ¿Hay una paradoja moral en el hecho de que Gustavo Petro sea alcalde y el Ejército tenga que pedir perdón?
I.O.: Lo que ocurre es que el discurso de los derechos humanos tiene un sesgo antiestatal, porque nace para controlar al Estado absolutista del Leviatán, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y la experiencia del Estado totalitario, que era el gran victimario potencial. Los derechos humanos corrigen la asimetría entre el poder del Estado y el del ciudadano. Pero se paga un costo alto por eso porque se hacen muy visibles las responsabilidades del Estado y se vuelven invisibles las de los enemigos de este.
SEMANA: ¿Eso es lo que se le puede criticar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
I.O.: Yo creo que la CIDH es heredera de la tradición de Núremberg. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total en la que ninguno de los bandos respetó la distinción entre objetivos civiles y militares, donde hubo todo tipo de retaliaciones y un proceso de victimización horizontal. Sin embargo, en los juicios de Núremberg se separaron de manera radical los campos de la víctima y el victimario. Los actos de guerra se sacaron de su contexto y se presentaron como ocurridos en una dictadura. Fue una justicia de vencedores. Ese legado casó como anillo al dedo en la América Latina de las dictaduras militares donde el Estado tenía el monopolio de los instrumentos de barbarie, mientras la población estaba indefensa. Montada sobre esos dos pilares, la Corte Interamericana es punitiva en exceso.
SEMANA: Entonces ¿es cierto que los jueces no entienden la guerra?
I.O.: En parte es cierto porque con la lupa de los derechos humanos no pueden ver el colapso del Estado y las múltiples responsabilidades en la victimización. Está bien que hablen de verdad, justicia y reparación y empoderen a las víctimas. Eso es un avance civilizatorio. Pero si se somete el Derecho Penal a esa lógica, se desbalancea el equilibro entre derechos de las víctimas y del reo. Se construye un derecho penal de enemigo.
SEMANA: Por ese camino ¿está la Justicia cerrándole el camino a un eventual proceso de reconciliación?
I.O.: Los jueces están metidos en una especie de trampa moral. Tienen pánico moral porque los discursos humanitarios han ido demasiado lejos en la construcción de una víctima y de un victimario ideal. Prueba de ello es la incapacidad para trajinar con las víctimas políticamente complejas.
SEMANA: ¿Cuáles son esas?
I.O.: Víctimas que tienen una responsabilidad por ejemplo en los hechos que condujeron a su propia victimización. En el proceso de justicia y paz ha habido situaciones como que unas víctimas reconocieron que habían participado en el secuestro de uno de los jefes paramilitares imputados. El sistema deja a un lado esa complejidad. Trabaja con víctimas y victimarios puros, seguramente para lograr que funcione. Pero eso tiene un efecto brutal porque separa de manera radical la justicia de la verdad.
SEMANA: Pero mostrar esa complejidad puede terminar por servirle de justificación al victimario…
I.O.: Ese riesgo existe. Yo acepto que en un primer momento, con miras a empoderar a las víctimas, sin duda va a ser más fácil la restitución de tierras si tenemos una visión purificada de ellas. Pero en el mediano plazo eso se convierte en una trampa porque la sociedad está llena de zonas grises, que son la humanidad compartida entre victimarios y víctimas.
SEMANA: ¿Y qué es exactamente una zona gris?
I.O.: Un ejemplo perfecto de figura de zona gris es Irma Franco, la guerrillera desaparecida en el Palacio de Justicia. Ella es victimaria porque hace parte del grupo que se toma el Palacio. Pero en la medida en que sobrevive a la batalla de la contratoma y queda en condición de indefensión se convierte en víctima. Un principio básico es que la víctima no lo es por inocente sino por indefensa. Para la sociedad es importante mandar el mensaje de que las víctimas complejas son víctimas. Pero la Justicia no ha sido capaz de representar a ese tipo de víctimas.
SEMANA: ¿Ese es el caso por ejemplo de muchos miembros de la UP?
I.O.: Ahí puede haber una gran zona gris.
SEMANA: Con la tesis de la responsabilidad mediata que condenó a Plazas Vega, y en un país con tantos crímenes de guerra ¿se va a ir medio Ejército para la cárcel?
I.O.: Yo digo que en las cortes hay un pánico moral, una incapacidad para reaccionar razonablemente frente al problema de la impunidad y una gran incapacidad de ser selectivos. Si hay algo patético es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que equipara el concierto para delinquir agravado con un crimen de lesa humanidad. Eso empantana la Justicia. ¿Qué puede hacer una Fiscalía a la cual le presentan la guerra colombiana como un bloque de acero constituido todo por un solo crimen de lesa humanidad?
SEMANA: ¿Qué consecuencias tendrá esto para un eventual proceso de paz?
I.O.: En el pasado, cuando se negociaba la paz se daba por descontado que la Justicia no alcanzaba las cúpulas porque era con ellas que se negociaba. La nueva conciencia humanitaria está interesada sobre todo en la responsabilidad de las cúpulas. Ese es el problema más serio para una negociación.
SEMANA: En ese caso ¿tienen entonces razón los militares al buscar un fuero ampliado?
I.O.: Sentencias como la del Tribunal Superior, en la medida en que contienen despropósitos como lo de Belisario, dan papaya para quienes defienden el fuero ampliado. Personalmente no comparto eso. En la medida en que se prolongue la guerra, un fuero ampliado le quita control al Estado sobre la gestión militar y el precio que se paga en legitimidad internacional es muy alto.
SEMANA: Pero si se trata de un Ejército vencedor…
I.O.: Una guerra que se barbariza es una guerra en la cual el Ejército no puede mostrarse como el único que no incurrió en barbarie o que aquella fue cometida por cuatro manzanas podridas. Hubo momentos donde la ideología forzó la barbarie, como en los años setenta y ochenta, con la doctrina de seguridad nacional y que explica en buena medida que el Ejército se haya ensangrentado profundamente en la guerra. Quienes aquí piensan que pueden hacer una justicia de vencedores, de autoamnistía, donde ellos van arropados en la bandera como héroes y los enemigos son los únicos que cometieron barbaridades, están equivocados.
SEMANA: Pero el presidente Santos parece respaldar esa aspiración…
I.O.: Él es el comandante en jefe del Ejército en un país en guerra. No tiene margen de maniobra y se expone a una fractura que ni yo quiero imaginar. Por eso la paz negociada es una fórmula necesaria aun en un contexto de victoria estratégica del Estado porque permite construir una verdad y una memoria del conflicto.
SEMANA: Pero si no hay una negociación ¿cómo lidiar con el pasado?
I.O.: Estamos aprendiendo sobre la marcha. Creo que las cortes deberían sacudirse un poco de la obediencia debida a la jurisprudencia del exterior. Debería ser una obediencia reflexiva. El viejo principio de soberanía debería ser retomado a la luz de la pertinencia.
SEMANA: Pero es real que la CPI u otras cortes pueden llegar a intervenir en Colombia, y de hecho, cada día el Estado es condenado…
I.O.: La CPI como tribunal penal que es, y a pesar de ser heredera de Núremberg, todavía recoge la tradición liberal y es capaz de pensar políticamente criterios de selectividad. De hecho, la Fiscalía de la CPI tiene una discrecionalidad para decidir si escoge o no un caso. Y ello indica que la selectividad es legítima. El sistema interamericano, en cambio, está creando un impacto terrible. Hoy el galimatías de las jurisprudencias para un futuro proceso de paz es inaudito. Hay contradicciones y enredos entre terrorismo, delito político y derechos humanos, es un paquete inmanejable y que configura un muro frente al que va a ser muy difícil negociar.